Otro logro judicial que apuntala la lucha global contra el cambio climático

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Autor: admin publiko 15 febrero, 2021


"Francia se comprometió ante la comunidad mundial a reducir sus emisiones en un 40 por ciento para el año 2030, tomando como base de referencia las emisiones de ese país en el año 1990".

“Francia se comprometió ante la comunidad mundial a reducir sus emisiones en un 40 por ciento para el año 2030, tomando como base de referencia las emisiones de ese país en el año 1990”. Foto: François Mori, AP

Por Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greeenpeace México 

La lucha contra el cambio climático consiguió otro logro significativo en el frente judicial, esta vez en Francia. El tribunal de justicia administrativa de París reconoció que el estado francés es responsable de la crisis climática por su falta de acción para combatirla. En lo que se conoce como el Caso del Siglo, el tribunal falló a favor de los demandantes, entre ellos Greenpeace.

El fallo es histórico por varias razones: es la primera vez que la justicia francesa responsabiliza de la crisis climática al Estado de ese país por no tomar acciones suficientes para reducir emisiones de gases de efecto invernadero de manera ambiciosa y, así, enfrentar al cambio climático. También representa una victoria de la verdad sobre el negacionismo de un Estado que ha insistido que sus acciones climáticas son suficientes, a pesar de las evidencias que indican que la emisión de gases de efecto invernadero están por encima del techo máximo identificado. Por último, reconocer la responsabilidad del Estado en la crisis climática significa que el Poder Judicial puede ordenar al Ejecutivo a actuar en serio para reducir emisiones y contribuir de manera significativa a cumplir el estipulado por el Acuerdo de París.

Francia se comprometió ante la comunidad mundial a reducir sus emisiones en un 40 por ciento para el año 2030, tomando como base de referencia las emisiones de ese país en el año 1990. No obstante, lo anterior excede el presupuesto de carbono al que tendría derecho ese país, haciendo que esa meta de reducción sea insuficiente a la luz del esfuerzo que podría hacer.

En la demanda presentada por las organizaciones se argumentó que el Gobierno francés no tomó las medidas adecuadas para enfrentar la crisis climática y que falló a la hora de implementar los objetivos climáticos en los ámbitos nacional, europeo e internacional, incluyendo aquellos de derechos humanos.

Hace más de dos años, en diciembre de 2018, las organizaciones Notre Affaire à Tous, The Nicolas Hulot Foundation, Oxfam Francia y Greenpeace Francia, iniciaron un litigio climático para sentar en el banquillo de los acusados al estado francés por la insuficiencia de sus acciones en materia de cambio climático. El caso fue sustentado con 100 testimonios de personas afectadas por las consecuencias derivadas del cambio climático. Es importante destacar, además, que la demanda de las organizaciones sociales fue respaldada por más de dos millones de personas a través de una petición de firmas en línea, lo que también significó un récord para Francia. Esa demostración de apoyo fue abrumadora, a la que siguieron marchas y reclamos al gobierno francés en más de 200 ciudades.

Este caso es el último ejemplo de una serie de casos similares que buscan, a través del litigio climático, obligar a los gobiernos nacionales a reconocer la crisis climática e incrementar sus ambiciones para estabilizar el aumento de la temperatura global del planeta por debajo de 1.5 grados centígrados para fines del siglo XXI. Recientemente, tanto Suiza como Holanda han visto experiencias similares en las que los respectivos poderes judiciales fallaron en contra de sus poderes ejecutivos por no estar haciendo lo suficiente para detener la crisis climática.

Los tribunales y las estrategias de litigio climático se han convertido en herramientas esenciales para organizaciones como Greenpeace, que hace campañas de sensibilización y presión públicas para encontrar soluciones al cambio climático, y evitar que esta crisis sea peor. En México, Greenpeace ha incursionado en esta línea de trabajo, señalando los impactos de una política energética que dificulta que nuestro país reduzca emisiones.

A nivel mundial, hay más de 400 grupos de derechos humanos, ecologistas y de desarrollo que se comprometieron a demandar un acceso efectivo y adecuado a la justicia, tanto para individuos como para comunidades, que se vean afectados en sus derechos por la crisis climática o por la falta de acción para resolverla. Por otro lado, más de 600 casos legales fueron interpuestos por organizaciones y personas individuales para hacer valer los derechos vulnerados por la crisis climática y la falta de acción para resolverla. Ahora bien, aunque ninguna victoria legal por sí sola resuelve el problema del cambio climático, los avances en ese sentido nos acercan más al cambio que buscamos.

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